El comercio entre Estados Unidos y México nunca ha sido tan intenso; representó el 16,3 % del comercio total de Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, lo que confirma que ambos países siguen siendo sus respectivos socios comerciales más importantes. Entre enero y marzo, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU. y la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., el comercio alcanzó un valor total de 231.300 millones de dólares, una cifra que supone un impresionante aumento del 7,4 % con respecto al primer trimestre de 2025. No solo se trata de una relación comercial significativa, sino también de una que está en pleno auge.
En el marco de esta creciente interdependencia, uno de los ámbitos de mayor expansión es la externalización (outsourcing), es decir, la contratación de una empresa externa o de un contratista independiente para realizar tareas específicas o prestar determinados servicios, como el soporte informático o la gestión de recursos humanos. Se trata de una estrategia empresarial especialmente atractiva, ya que permite a las empresas acceder a competencias especializadas, reducir costes laborales y escalar sus operaciones con rapidez, todo ello sin dejar de centrarse en sus actividades principales. No solo es una práctica empresarial habitual, sino que cuenta con una demanda creciente: el mercado mundial de servicios de externalización está valorado actualmente en 855.000 millones de dólares (datos de 2025) y se prevé que supere el billón de dólares para el año 2030. Esta estrategia conlleva claros beneficios, pero también ciertos riesgos.
La ventaja más evidente es la reducción de los costos laborales: las empresas estadounidenses que externalizan operaciones a México reportan ahorros de entre el 47 % y el 65 %, según el tipo de puesto, lo que mejora considerablemente la relación costo-beneficio. Y no se trata solo de los salarios; el ahorro se extiende a los costos operativos, incluidos los gastos generales de infraestructura, los costos de contratación y otros conceptos. Para una empresa estadounidense, la forma más sencilla de ahorrar dinero es externalizar una parte de sus operaciones a México, aprovechando además la creciente disponibilidad de talento en el país; basta considerar, por ejemplo, que México gradúa más ingenieros al año que Estados Unidos, y que la gran mayoría de ellos son bilingües.
Otro aspecto ventajoso, que facilita la fluidez de las operaciones internas de las empresas, es la alineación de husos horarios propia del nearshoring: todo México se encuentra en los mismos husos horarios que Estados Unidos —o en zonas muy cercanas a ellos—, lo que permite que las actividades laborales transcurran sin contratiempos a través de la frontera. Se trata de una ventaja evidente de la que carecen por completo competidores como la India, dada la enorme distancia geográfica que los separa.
No obstante, no todo es un camino de rosas, y las empresas pueden enfrentar dificultades. Un ejemplo claro de cómo pueden surgir estos problemas se ha visto recientemente con el ya tristemente célebre «Caso Huerta» (referente a una presunta conducta indebida de Oscar Gerardo Huerta Pérez); este asunto ha sacudido los cimientos del sector de la subcontratación en San Luis Potosí, una ciudad que ha basado gran parte de su desarrollo económico en esta práctica durante la última década.
El caso, que involucra a la empresa estadounidense AccuHealth Technologies, gira en torno a un conflicto laboral transfronterizo basado en hechos no verificados y en la supuesta notificación de documentos judiciales a los ejecutivos de la compañía, acto que, en realidad, nunca ocurrió. En resumen, se trata de un caso en el que el presunto uso indebido del sistema judicial mexicano —sin que los ejecutivos estadounidenses de AccuHealth Technologies tuvieran conocimiento alguno— derivó en una sentencia condenatoria por un valor cercano a los 2,5 millones de dólares. Las partes afectadas desconocían la existencia del procedimiento legal y, por consiguiente, no tuvieron oportunidad de defenderse.
Este caso pone de relieve los riesgos y las complicaciones que pueden surgir cuando un agente deshonesto, en el marco de una relación transfronteriza, instrumentaliza el conocimiento y la infraestructura locales en su propio beneficio. Asimismo, es un ejemplo de situaciones que no solo perjudican un acuerdo comercial específico, sino que tienen el potencial de socavar la simbiosis de subcontratación existente entre ambos países. De no resolverse, es probable que este caso reduzca drásticamente la confianza en la inversión estadounidense al sur de la frontera.
En lo que respecta a la subcontratación y al comercio bilateral en general, el potencial de negocio es ilimitado, tal como lo demuestran las cifras publicadas recientemente. No obstante, estas relaciones siguen siendo vulnerables a actores, acciones y sucesos irregulares que requieren supervisión y compromiso político para optimizar los procesos y permitir que los beneficios transfronterizos alcancen su máximo potencial.
Alex Smith, para el San Luis Potosí Post
